Fin de una era: El IEPC ordena la destrucción de las boletas del Poder Judicial
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango ha decidido dar el carpetazo final a uno de los capítulos más polémicos y singulares de la historia democrática reciente. En una sesión extraordinaria cargada de simbolismo técnico, el Consejo General aprobó el plan de exterminio documental: la destrucción total de los votos y boletas de la pasada elección del Poder Judicial del Estado (PJED). Lo que un día fueron esperanzas y sufragios en las urnas, hoy se encamina a las trituradoras bajo un estricto protocolo de seguridad y transparencia.
La decisión no deja cabos sueltos. Al no existir una normativa local específica para procesar los desechos de la elección judicial, el IEPC aplicó un "bypass" legal, utilizando de forma supletoria la legislación federal y estatal. El objetivo es claro: garantizar que no quede ni un solo rastro físico que pueda ser cuestionado, bajo la supervisión de la Secretaría del Consejo General y empresas especializadas que convertirán el papel histórico en material reciclado con sentido ecológico.
LOGÍSTICA DE UN BORRÓN Y CUENTA NUEVA
El operativo de destrucción no será un evento al azar. Se ha establecido un cronograma de acero que incluye el traslado custodiado y la eliminación segura de votos válidos, nulos y boletas sobrantes. Este proceso busca blindar la legalidad de la pasada jornada del 1 de junio de 2025, asegurando que el ciclo electoral se cierre de manera definitiva y que los recursos legales interpuestos durante el proceso queden debidamente concluidos con la desaparición del material físico.
EL COSTO DE LA DEMOCRACIA EN RECONSTRUCCIÓN
Mientras el papel se tritura, el IEPC ya mira hacia el futuro, solicitando un presupuesto superior a los 283 millones de pesos para el 2026. La destrucción de estas boletas marca el fin de la primera experiencia de elección de jueces y magistrados en Durango, un experimento institucional que ahora solo vivirá en los archivos digitales y en las resoluciones legales, mientras el material físico se convierte en pulpa de papel bajo la mirada vigilante de los consejeros electorales.
"El proceso electoral del Poder Judicial llega a su fin físico; cada boleta triturada es el cierre de un ciclo de legalidad supervisada y transparencia absoluta."
Con este movimiento, el IEPC busca demostrar eficiencia y compromiso ambiental, transformando el residuo electoral en una oportunidad de reciclaje. Sin embargo, para los observadores políticos, este acto representa mucho más: es la confirmación de que el nuevo sistema judicial ya no tiene marcha atrás y que las pruebas físicas de su origen están a punto de ser borradas del mapa.